Consecuencias de una ley sin trata

Hace unos días atrás, una mujer cordobesa pudo escapar de un prostíbulo de Las Heras, Santa Cruz, donde era obligada a prostituirse. La víctima viajó a esa provincia tras regir la ley de Trata presentada por el gobernador José Manuel De la Sota y aprobada con amplia mayoría. Al no poder ejercer su labor como trabajadora sexual aceptando los términos de la nueva ley, la mujer decidió buscar otro lugar fuera de la provincia. Pero al llegar a Las Heras, fue secuestrada y sometida a la prostitución. Éste hecho, pone en debate de la gente una vez más si la ley está bien planteada; si funciona o no al ser aprobada en una sola provincia o si nunca se va a cumplir con los objetivos si no se realizan modificaciones.

La ley establece la prohibición de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o establecimientos y/o lugares de alterne. Por consiguiente, todo lugar donde no se realice la prostitución de manera libre y autónoma y donde resulte beneficiada una tercera persona, queda clausurado. Esto implica el cierre de más de 158 locales cordobeses y la expulsión de los mismos de aproximadamente 700 trabajadoras sexuales.

Mientras se debatía la ley, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), realizaron distintas protestas exigiendo que los funcionarios las escuchen antes de ser aprobada.  La razón, se debe a que en la ley en ningún momento especifica o diferencia lo que es trata de personas y prostitución. Por otro lado, no propone otra alternativa para las trabajadoras o alguna capacitación para que ellas puedan optar por otro tipo de trabajo.

Luego de que los representantes fueran acusados por parte de AMMAR de expulsar a las prostitutas a la calle a una peor inseguridad, se les propuso trabajar en un departamento privado, alquilado y controlado por ellas mismas para que otra persona no resulte beneficiada a costa de su trabajo.

En relación al tema, el ex sacerdote Nicolás Alessio manifestó: “Se están criminalizando conductas de labores absolutamente ilícitas. El trabajo sexual es una actividad legal. Las trabajadoras sexuales son maltratadas por el poder, por ser mujeres,  por pobres y por el trabajo que han elegido”. Y continuó: “Sabemos que la trata de personas está manejada y coordinada por altos funcionarios políticos, judiciales o de las fuerzas de seguridad. Entonces, hay que acompañarlas porque defienden su trabajo y le piden a la sociedad que abra los ojos, que no sea hipócrita”. “Esta  ley encubre que el gobierno de De la Sota es puro maquillaje”, concluyó.

Cabe mencionar que clausurar whiskerías y prostíbulos no acabará completamente con el problema de la trata. A modo de ejemplo, se puede citar la actividad del aborto. Su práctica es ilegal, sin embargo, algunas de ellas ocurren en los hospitales. Cerrar los mismos no sería la solución ya que hay otros lugares que operan clandestinamente. En su lugar, se debería aumentar la seguridad de los mismos e iniciar investigaciones.

¿Será correcto clausurar locales donde puede haber chicas secuestradas? ¿No sería mejor investigar en esos espacios en lugar de que se sigan manejando en la clandestinidad? ¿Se debe castigar a las trabajadoras sexuales, o al proxeneta? ¿Al clausurar prostíbulos no causaría más secuestros y violaciones? ¿Será una cortina de humo por parte del gobernador para mantener tranquilos a los familiares de las víctimas de trata? ¿Le interesará hacer algo al respecto?

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